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Las reformas en materia de justicia: una oportunidad para los derechos de las personas con discapacidad

Se presenta el avance del Informe sobre Protección Jurídica de personas con discapacidad en España 2011

08/11/2012

La profesora de Derecho Civil de la Universidad de Granada y patrona de la Fundación Derecho y Discapacidad, Esperanza Alcaín, ha presentado el avance del Informe sobre Protección Jurídica de personas con discapacidad en España 2011, de la Fundación Derecho y Discapacidad.

Este informe, según ha expuesto, busca, por una parte, condensar la normativa generada en nuestro país sobre esta materia y, por otra, reflejar el alcance que las medidas de ámbito internacional y europeo han tenido en el ordenamiento jurídico español.

Por ello, el informe realiza una reflexión sobre el golpe que la fuerte crisis actual está ocasionando en las personas con discapacidad y sus familias, y se incluye un apartado dedicado a los recientes acuerdos sobre las cumbres comunitarias que delinean el panorama de las políticas sociales y determinan el destino de parte de los fondos europeos a las personas con discapacidad.

Asimismo, destaca tener la mayor y más completa información sobre las leyes y estrategias que se han desplegado en 2011, ya que, además de tener un conocimiento real sobre esta normativa, permite extraer pautas que ayuden a plantear actuaciones estratégicas para minimizar los efectos negativos de la situación actual.

Esta presentación se enmarca en la sesión de trabajo ’Las reformas en materia de justicia: una oportunidad para los derechos de las personas con discapacidad’, organizado por el CERMI y la Fundación Derecho y Discapacidad en la Fiscalía General del Estado, con el objetivo de plantear reformas en este ámbito desde el punto de vista normativo, a la luz de la Convención de la ONU, a favor de los derechos de las personas con discapacidad.

Observaciones finales del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas en el ámbito de la Justicia en España

Por otra parte, la coordinadora de la Fundación Derecho y Discapacidad, Gloria Álvarez, ha expuesto el impacto del Informe sobre España de observaciones finales del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas en el ámbito de la Justicia.

Con el objetivo de que el Estado español adopte las medidas adecuadas en lo relativo a las personas con discapacidad desde el enfoque de Naciones Unidas sobre los derechos humanos, se observa que la concepción amplia del acceso a la justicia implica no sólo favorecer la tutela jurisdiccional tradicional, sino potenciar el uso de las modalidades alternativas de solución de conflictos (arbitraje y medición). Asimismo, apunta como “imprescindible” favorecer un acceso “real y efectivo” a la justicia de las personas con discapacidad mediante la accesibilidad física, de comunicación, de formación y del proceso.

También indica que la reforma del sistema de asistencia jurídica gratuita planteado por el Gobierno debe constituir una vía “adecuada” para facilitar el acceso a la Justicia por parte de las personas con discapacidad en consonancia con los planteamientos de la Convención de la ONU.

En este sentido, se propone la creación de un turno de oficio especializado para personas con discapacidad; la creación de un servicio de Orientación Jurídica para personas con discapacidad; la creación de juzgados especializados en materia de derechos de personas con discapacidad en los órdenes jurisdiccionales civil, social y contencioso-administrativo; la designación de fiscales especializados en materia de discapacidad y el derecho a una atención jurídica gratuita con independencia de los umbrales económicos.

Otra de las observaciones que realiza el Comité es que se está alargando la regulación del régimen de infracciones y sanciones en materia de discapacidad en las Comunidades Autónomas; y, si bien la Ley de Infracciones y Sanciones actúa como una norma que contiene estándares mínimos comunes en todo el territorio del estado español, su ámbito de aplicación mantiene una fragmentación territorial.

Además, señala que la situación de inaplicabilidad de esta normativa está creando una percepción de impunidad que desmotiva el emprendimiento de cualquier acción legal.

Clausura

Por último, la clausura de la sesión ’Las reformas en materia de justicia: una oportunidad para los derechos de las personas con discapacidad’, ha corrido a cargo del patrono secretario de la Fundación Derecho y Discapacidad, Rafael de Lorenzo, quien ha apostado por su creencia en el Estado de Derecho y ha animado a que, a pesar de los tiempos de crisis y dificultades, “no dejemos de luchar y creer que saldremos de esta época”.

Asimismo, ha animado a seguir trabajando juntos, con capacidad de influencia, rigor y disposición, para participar, no sólo en la discusión de las soluciones, sino, sobre todo, en su aplicación. Es decir, “no sólo hay que conseguir el mantenimiento de los derechos, sino su aplicación”, ha concluido.